Es el documento que fija reglas claras sobre qué conductas están prohibidas y cuáles son los límites en la relación con el sector público y con terceros: pagos indebidos, regalos, favores, comisiones, intermediarios o conflictos de interés.

 

Su función es dejar en claro “hasta dónde sí y hasta dónde no”, para que dueños, empleados y socios comerciales sepan cómo actuar frente a situaciones de riesgo y no expongan a la empresa por decisiones individuales. 

 

En definitiva, es una herramienta concreta de protección legal y del negocio, ¿por qué? Porque la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por hechos de corrupción, pero también reconoce que contar con un programa de integridad adecuado (que incluya una política anticorrupción efectiva) puede atenuar o incluso eximir responsabilidades.

 

En la práctica, la política ayuda a prevenir sanciones, multas y daños reputacionales, y permite que la pyme crezca, se vincule con clientes grandes o con el Estado, y compita en el mercado con reglas claras y previsibilidad.

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