Una Política de Anticorrupción protege al dueño y a la empresa frente a  responsabilidades penales, multas y daños reputacionales.

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 Su función es dejar en claro “hasta dónde sí y hasta dónde no”, para que dueños, empleados y socios comerciales sepan cómo actuar frente a situaciones de riesgo

y no expongan a la empresa por decisiones individuales.