Es el conjunto de reglas que la pyme define para gestionar de forma clara, justa y ordenada los conflictos que puedan surgir dentro de la empresa o con terceros: desacuerdos entre socios, problemas entre empleados, tensiones con proveedores o reclamos de clientes.

 

La política establece cómo se detectan esos conflictos, quién interviene, qué pasos se siguen y qué criterios se usan para resolverlos, evitando decisiones impulsivas o desiguales.

 

Para el dueño de una pyme, es una herramienta de protección y continuidad del negocio. Permite resolver conflictos antes de que escalen a juicios, sanciones o quiebres de relaciones comerciales clave. Además, demuestra que la empresa actúa con transparencia, coherencia y buena fe, valores centrales de un programa de integridad.

 

En la práctica, ayuda a cuidar el clima interno, la reputación y el tiempo del dueño, alineando la gestión cotidiana con estándares que hoy la ley y el mercado valoran cada vez más.

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